A siete años del tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, que dejó 17 víctimas mortales, la ley de la bandera roja de Florida, adoptada tras ese trágico evento, enfrenta nuevos retos.
El entonces gobernador Rick Scott aprobó un paquete bipartidista de seguridad de armas, que incluía esta ley diseñada para permitir a los tribunales intervenir y retirar temporalmente las armas de personas consideradas peligrosas. Sin embargo, el actual gobernador, Ron DeSantis, planteó la posibilidad de derogar este principio, argumentando que podría estar en conflicto con los derechos individuales.
La Ley de Bandera Roja: ¿qué implica?
La ley, conocida formalmente como órdenes de protección de riesgo, otorga a las autoridades judiciales la capacidad de exigir la entrega temporal de armas de fuego a individuos que representen un peligro para sí mismos o para otros.
En Florida, las solicitudes solo pueden ser hechas por las fuerzas del orden, quienes deben presentar pruebas específicas que justifiquen el temor de una amenaza. Si un tribunal aprueba la solicitud, la persona afectada podría perder temporalmente sus armas por hasta un año.
Desde su implementación en 2018, la ley permite que se presenten miles de peticiones. Solo en 2022, las autoridades de Florida solicitaron más de 9,000 órdenes de protección, un reflejo de la efectividad percibida de la medida en prevenir actos violentos.
El debate político
A pesar de la defensa de algunos legisladores y autoridades locales, como el presidente del Senado, Ben Albritton, quienes consideran que la ley es crucial para evitar tragedias, DeSantis ha expresado sus dudas.
Según el gobernador, la ley de bandera roja podría trasladar la carga de probar la inocencia a los individuos, en lugar de que el gobierno demuestre la culpabilidad. Críticos como Luis Valdés, de Gun Owners of America, también señalan que el sistema podría ser mal utilizado en disputas personales, como divorcios.
Por otro lado, las autoridades de seguridad pública defienden la ley, asegurando que ha prevenido actos de violencia, evitando que personas con intenciones de autolesionarse o de hacer daño a otros tengan acceso a armas de fuego.
El sheriff del condado de Pinellas, Bob Gualtieri, subraya que, en la práctica, las armas no siempre son incautadas directamente por la policía, ya que la ley permite que un familiar o amigo las retenga, mitigando así las preocupaciones sobre el debido proceso.
¿Qué sigue para la legislación sobre armas?
Mientras DeSantis continúa promoviendo otras iniciativas relacionadas con el porte de armas, como la reducción de la edad mínima para la compra de rifles y la autorización para portar armas abiertamente, el futuro de la ley de bandera roja parece incierto.
Mantente al tanto de las noticias más importantes de Mundo Político de Miami en todas las plataformas de Mundo Ejecutivo y en sus redes sociales.
